El día de ayer, con la aprobación de 78 de los 118 ayuntamientos del
estado, se hace oficial la eliminación de la figura del arraigo del
artículo 4° la Constitución del Estado de Chiapas, lo que convierte a
este Estado en el primero en eliminarlo de su orden jurídico estatal.
Dicha reforma tiene su origen en la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado Juan José Sabines Guerrero, el día doce de este mes. Justamente, ayer el gobernador en persona acudió a la clausura del centro de arraigo de la entidad (la ya famosa "Quinta Pitiquitos"). Por su parte, la Procuraduría General del Estado ya ha tomado las medidas pertinentes para resolver de manera expedita la situación jurídica de las últimas personas que habían sido arraigadas.
Ya en marzo de este año, el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (ONU) recomendaba al Estado mexicano la eliminación de esta figura, toda vez que establece un orden de excepcionalidad a la aplicación de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución que, en los hechos, resulta violatoria de los mismos. Para el 15 de julio, esta oficina publicó un comunicado de prensa donde respaldaba la iniciativa del gobernador.
De acuerdo a las notas periodísticas, esta reforma constitucional elimina y prohíbe específicamente el uso de esta figura, además de que se le otorgan facultades al Consejo Estatal de Derechos Humanos facultades para presentar iniciativas de ley en esta materia.
Dicha reforma tiene su origen en la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado Juan José Sabines Guerrero, el día doce de este mes. Justamente, ayer el gobernador en persona acudió a la clausura del centro de arraigo de la entidad (la ya famosa "Quinta Pitiquitos"). Por su parte, la Procuraduría General del Estado ya ha tomado las medidas pertinentes para resolver de manera expedita la situación jurídica de las últimas personas que habían sido arraigadas.
Ya en marzo de este año, el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (ONU) recomendaba al Estado mexicano la eliminación de esta figura, toda vez que establece un orden de excepcionalidad a la aplicación de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución que, en los hechos, resulta violatoria de los mismos. Para el 15 de julio, esta oficina publicó un comunicado de prensa donde respaldaba la iniciativa del gobernador.
De acuerdo a las notas periodísticas, esta reforma constitucional elimina y prohíbe específicamente el uso de esta figura, además de que se le otorgan facultades al Consejo Estatal de Derechos Humanos facultades para presentar iniciativas de ley en esta materia.
